Familias de contención

Durante la segunda mitad de la década de los noventa el Banco Mundial cuestionó la situación fiscal de la Argentina y básicamente recomendó controlar el déficit fiscal revisando y achicando el gasto público y programas o planes sociales. Entre las repercusiones que tuvo este recorte en La Pampa se encuentra el cierre de la mayoría de los hogares de tránsito, tanto para niños como para ancianos. Es allí donde se hace hincapié en el programa de "Familias sustitutas" para alojar a los niños que debían ser apartados de sus hogares, que más allá de las argumentaciones que se brindan, termina siendo una salida donde el Estado realiza un "ahorro" en profesionales y en el mantenimiento de los niños.
Pasado algunos años y después de los emblemáticos casos de las niñas "D" y "S", y el de la familia Biocca en Parera -donde el pueblo se levantó para reclamar por la decisión de la Justicia de quitarles el niño que habían criado desde los tres meses-, quedó en evidencia el deficiente seguimiento que se realiza.

Informalidad Laboral
Varios de los profesionales que desempeñan su labor en esa área lo hacen en un contexto de informalidad laboral que ocasiona que perciban sus sueldos a veces con dos o tres meses de atraso. Por este motivo no es raro que opten por priorizar otros empleos cuando surge la posibilidad, debilitando de esta manera al equipo que tiene en sus manos la tarea nada sencilla de tratar de recomponer los vínculos del niño con su familia biológica para hacer posible el regreso de ese menor a su hogar natural. Otra de las grandes falencias que se advierte es la inexistencia de un hogar de tránsito para recibir a los niños que en situación de emergencia deben ser retirados de sus hogares, y que suelen pasar esas horas críticas esperando en una oficina hasta ser ubicados en un nuevo hogar.
Según está establecido, el paso de los menores por estas familias es transitorio mientras se da prioridad al fortalecimiento de lazos y tratamiento de las problemáticas detectadas en su familia natural para hacer posible su retorno a casa. Si a pesar de esto el regreso a su hogar no es lo recomendable, y no hay posibilidades de encontrar lugar para estos niños con otro integrante de su familia biológica, se puede recurrir a una adopción. Pero hasta que esto ocurre los controles y atención deberían ser constantes y la situación resuelta lo antes posible. Aún así, hay niños que crecen en el marco de familias sustitutas, incluso algunos que pasaron más de diez años en este tipo de hogar.

El "ahorro" del Estado.
Consultado sobre los programas de familias sustitutas, Jorge Garaventa, psicólogo especializado en maltratos y abusos contra la niñez, opinó que "lo primero que hay que señalar es que en estas situaciones, cualquier sistema que se implemente va a terminar en fracaso si no hay un adecuado control del Estado. Este no puede desentenderse y delegar en particulares". Y agregó que "cualquiera sea el sistema que se adopte conlleva otra violencia intrínseca para el niño ya que además de sufrir el maltrato, abandono, o cualquier abuso, será él el excluido del hogar y no quienes lo agredieron".
El desinterés por parte del Estado, que "ahorra" en este tipo de problemáticas, se evidencia no solo en los contratos precarios de algunos trabajadores, o en el reducido plantel de profesionales afectados a esta tarea, sino también en la cuota mensual que perciben las familias contenedoras.
Esta suma -que se especifica es una "colaboración" para los gastos del niño o adolescente- consta de una mensualidad de 1.200 pesos, que también suele cobrarse con atraso. Más allá de la teoría, en cuanto a la aplicación de esta suma, la práctica indica que la mayoría de las familias que se postulan generalmente no tienen resuelta completamente su situación económica y cuentan con estos fondos para sostener el hogar.
Si bien hay exigencias establecidos para la selección de las familias, esta posibilidad de "seleccionar" se ve reducida por la poca oferta de familias interesadas. Según Garaventa, "las familias sustitutas han demostrado ser una opción mucho más apta que la institucionalización propiamente dicha pero incluyen riesgos que es necesario prever en el momento de la selección de las familias. Las frecuentes situaciones de maltrato son un signo de un descuido serio en la elección, que suele hacerse a la ligera y por empatías inmediatas. Las familias sustitutas han de ser sometidas a un riguroso examen psico-social antes de aceptarlas en su rol".
Quizás uno de los datos más reveladores de la situación es que, salvo casos puntuales, las familias de alto poder adquisitivo no se registran para colaborar y quienes están en la lista de espera para ser padres adoptivos prefieren no hacerlo cuando el niño que necesita un hogar no es un bebé, o tiene una dura historia a cuestas.

Silencio oficial.
A pesar de numerosos intentos por obtener respuestas por parte del actual Ministro de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía, y funcionarios que lo secundan acerca de esta problemática, es llamativo el hermetismo que mantienen.
La problemática social se constata en la Dirección de la Niñez y Adolescencia donde diariamente atienden en promedio seis casos vinculados a niños y jóvenes que necesitan la intervención del Estado. Revertir estas tendencias requiere de políticas de Estado claras e integrales y de un mayor compromiso de toda la sociedad.

Felicitas Bonavitta